Simona Levi, de Xnet: «Las instituciones deben crear las posibilidades para que haya alternativas a Google en la digitalización de la enseñanza»

La asociación Xnet, organización de referencia desde 2008 en la defensa de los derechos digitales y en la innovación democrática en la era digital, ha puesto en marcha un proyecto piloto, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, ​​para generalizar el acceso libre y seguro a la tecnología digital en los centros educativos de primaria y secundaria públicos de la ciudad, el Plan de Digitalización de los centros educativos. Hablamos con Simona Levi, cofundadora de Xnet, sobre el plan y sobre derechos digitales.

¿En qué consiste el Plan de Digitalización Democrática de los Centros Educativos?

Todo comenzó hace unos dos años, un grupo de madres y padres de alumnos entre 4 y 10 años nos escribió contándonos que, como todo el mundo, habían recibido en casa una petición por parte de la escuela para autorizar el uso de Google en las clases.

El grupo de familiares de alumnos hizo una investigación para considerar las implicaciones legales y de protección de datos que suponía la entrada de Google en la escuela y se preocuparon. Nos contactaron pidiendo información, ayuda y si había alguna alternativa.

Desde Xnet creamos un grupo de trabajo junto con las familias. Ellos con la experiencia del día a día y nosotros desde la experiencia con los derechos digitales y las alternativas posibles hemos creado un plan para posibilitar una alternativa a las herramientas de grandes corporaciones.

¿Qué peligros o riesgos tiene dejar en manos de grandes corporaciones la digitalización de la enseñanza?

Para contestar a esta pregunta prefiero sugerir una observación sencilla de la realidad: por un lado, repasar las noticias publicadas sobre problemas en torno al uso de los datos por parte de grandes corporaciones -Zoom, Google u otros- que proveen herramientas digitales privativas de forma gratuita. Estas empresas no son ONG ni plataformas de caridad, sino empresas que ofrecen un servicio gratis a millones de personas (un millón de alumnos, en el caso de la enseñanza pública en Cataluña). ¿Quién puede ser tan ingenuo y a la vez tan irresponsable de pensar que este servicio se ofrece realmente a cambio de nada?

Si sabemos de cómo hacen uso de los datos estas plataformas por las noticias que se han publicado al respecto, y si sabemos que el servicio que ofrecen no puede ser a cambio de nada; cada uno puede llegar a su propia conclusión.

Nosotros no criticamos las grandes corporaciones en el sentido en que hacen su trabajo: ocupar nichos de mercado y hacer sus intereses. Si la administración pública hace dejadez de funciones para garantizar una digitalización democrática de la enseñanza, el problema no es Google, u otra corporación, sino las instituciones.

No se trata de que heroicos profesores que entienden el problema técnico de un software privativo sean quienes sobre sus espaldas asumen encontrar la solución al problema. Se trata de que las instituciones creen las posibilidades para que haya alternativas. A partir de ahí cada uno escoge si quiere comer Pizza Hut o comer de proximidad y no cocinado de forma industrial.

¿Sería más bien un problema de ética que de infringir la ley?

Google asegura que respeta las leyes y de hecho este no es el problema. En su época, la esclavitud también era legal. No es un problema de respetar la ley, sino que es una cuestión de construir el futuro.

Para entender mejor dónde está el problema, propongo analizar a que se refiere la palabra datos. Suena muy moderno, como numeritos que caen por una pantalla estilo Matrix. Datos no son números, es información referida a donde vives, a qué hora te levantas, con quien duermes, un informe psiquiátrico, datos es absolutamente todo. ¿Estamos seguros de que queremos los datos íntimos de nuestras hijas e hijos en un servidor donde sólo puede entrar el propietario del servidor -en el caso de quien utiliza Classroom o GSuite, este caso Google- y no el propietario de los datos o el profesor o el tutor legal?

El objetivo del Plan es tener un control público sobre las tecnologías en las escuelas y sobre los datos personales. ¿Creéis necesaria más regulación al respecto?

Hay leyes al respecto, el RGPD es una buena ley. Mejorable, pero bastante buena. Y que ha puesto una primera piedra en el tema. Hay, sin embargo, mucho camino por recorrer todavía. Siempre es interesante la regulación, pero sí tiene en cuenta el bien común. Si la ley sólo responde a intereses gremiales, vamos mal. El derecho al acceso público a los datos se debe continuar conquistando, como cualquier derecho. Porque ya sabemos que a menudo los derechos ya conquistados vienen y se van.

Durante el confinamiento, el uso de herramientas y recursos digitales en el ámbito de la enseñanza ha crecido mucho. ¿Estaban el sistema educativo y las familias preparadas para esta aceleración digital?

Con las familias diseñamos un plan, antes del confinamiento, que presentamos a la Generalitat. Si nos hubieran hecho caso entonces, hubiera sido muy diferente porque habríamos estado mucho más preparados. Más allá de la enseñanza, tenemos un problema de política con P mayúscula. La sociedad civil espabila bastante más rápido que sus instituciones. Las familias tampoco estaban preparadas, de hecho nadie estaba preparado para todo lo que ha pasado, pero se han actualizado muy rápido. La institución no, llega tarde. No es sólo una cuestión de repartir ordenadores, sino de reestructurar el sistema -las herramientas y el tipo de formación- de enseñanza dado que estamos en la era digital.

El Plan comienza como prueba piloto en cinco centros. ¿Tendrá continuación a otros centros de la ciudad o de Cataluña?

Una vez el piloto haya creado un prototipo, para el próximo curso todas las familias o escuelas que quieran tendrán una alternativa efectiva y fácilmente replicable a su disposición, todo para que haya una verdadera libertad de elección entre Google y soberanía de las datos. Porque sin alternativa no hay libertad de elección. Esperamos que a partir de mayo y junio las administraciones no sucumban a las presiones de las grandes corporaciones y esta primera propuesta que comienza en Barcelona este 10 de diciembre de un año aciago sea el principio de un avance que se recuerde en la historia.